Retiros en el Estado: la propuesta de la Casa Rosada bajo la lupa gremial y el caso tucumano

El Gobierno nacional formalizará mediante un decreto un régimen de retiros voluntarios destinado a la plantilla permanente de la administración centralizada y organismos desconcentrados, con inscripciones habilitadas a partir de noviembre. Esta política busca profundizar el achique del sector público, que registró una merma de 74.332 puestos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. La iniciativa nacional coincide con el antecedente de la provincia de Tucumán, donde desde abril de 2024 rige el "Sistema de Retiro Voluntario Programado" promulgado bajo la Ley Provincial 9.764 para el personal estatal provincial.

El proyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado —a cargo de Federico Sturzenegger— y coordinado por las secretarías de Función Pública y Reforma Estatal, prevé una convocatoria orientada a más de 1.000 agentes. Fuentes de la Casa Rosada, de acuerdo a publicaciones de los medios La Nación e Infobae, confirmaron que “se va a comunicar en breve para que los que estén interesados puedan ir asesorándose”.

La propuesta segmenta a la masa laboral en tres perfiles: agentes en edad jubilatoria con aportes completos; personal próximo a cumplir los años de cotización; y empleados de menor antigüedad que busquen desvincularse. Según fuentes oficiales, “a los primeros les permitiríamos iniciar los trámites y facilitar el proceso. A los segundos les puede llegar a servir porque con ese dinero se paga la moratoria y después se jubila. Y quienes todavía no tienen la edad para jubilarse pero se quiere ir, seguramente le sirva llevarse la plata. Para cada uno de estos grupos, el dinero que se va a llevar es diferente, por supuesto”.

Por su parte, el presidente Javier Milei argumentó sobre la evolución del empleo global: “la economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y, si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil”. Entre finales de 2023 y agosto de 2026, la dotación del sector público nacional descendió de 343.357 a 269.025 agentes, lo que representa una baja del 21,6%. Las cifras oficiales detallan la siguiente evolución según el área:

• Administración Pública Nacional: redujo su nómina un 22%, pasando de 233.098 a 181.880 contratados.

• Administración Centralizada: experimentó la mayor baja porcentual dentro de los ministerios, con un descenso de 32,8% (de 55.858 a 37.543 personas).

• Empresas del Estado: contrajeron su planta un 21%, con la salida de 23.114 trabajadores.

• Administración Descentralizada y Desconcentrada: la primera perdió 26.775 puestos (de 136.763 a 109.988), mientras que la segunda cayó de 24.932 a 21.123 empleados.

La réplica sindical

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar (foto inferior) manifestó la postura del gremio ante la medida: “Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se tratan de despidos encubiertos. Son medidas que buscan seguir el achique del Estado y la disminución de la planta del Estado. Desde ATE rechazamos y en el caso de que esto avance y se instrumente de manera generalizada, se alentará a los trabajadores para que no adhieran a cualquier régimen. No descartamos que en la asamblea se apliquen medidas de fuerza para repeler esta posibilidad”.

Asimismo, el dirigente remarcó las limitaciones normativas del esquema: “No están en condiciones de hacerlo en la administración pública porque depende en cada caso de los convenios colectivos sectoriales y de la Ley de Contrato de Trabajo, así como también la Ley de Empleo Público que rige en cada uno de los organismos”.

A diferencia de la modalidad planteada por la Nación, la provincia de Tucumán puso en marcha su propio esquema de reducción de plantilla estatal mediante la Ley Provincial 9.764, impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Este programa establece las siguientes condiciones para los empleados de la administración pública provincial:

1. Vigencia: régimen temporal por cuatro años, prorrogable por única vez por idéntico plazo o hasta alcanzar la edad de jubilación.

2. Haberes: percepción del 70% de las remuneraciones normales y habituales del mes anterior a la adscripción al sistema.

3. Beneficios sociales: mantenimiento ininterrumpido de las contribuciones al sistema previsional y la cobertura de la obra social provincial.

4. Incompatibilidades: habilita la inserción del agente en el sector privado de manera simultánea durante la percepción del haber reducido.